En el mes de abril último, los peruanos elegimos 130 congresistas
y 15 miembros del Parlamento Andino. De la numerosa cantidad de partidos que
postularon solamente alcanzaron representación 6 partidos y alianzas.
Recordemos que en los meses finales del año 2010, muchos partidos
políticos grandes, medianos y pequeños, suscribieron alianzas para apoyar
juntos a un solo candidato a la Presidencia.
Es conocido que
todos los movimientos políticos, debido al desprestigio que atravesaban por los
continuos escándalos, juraron que harían una minuciosa revisión de los
postulantes a las listas parlamentarias, que todos pasarían por un minucioso
filtro, para que no suceda lo mismo que en el periodo 2006-2011.
Han pasado apenas
3 meses del inicio de la nueva gestión parlamentaria, y la Comisión de Etica
del Congreso ha anunciado que tiene entre 15 a 16 congresistas de diferentes
bancadas denunciados. Lo mas preocupante es que, según la información brindada
por el Diario Perú 21, son 40 los congresistas sujetos a investigaciones
judiciales.
Es verdad que
nuestra Constitución vigente establece el principio de presunción de
inocencia, de tal manera que a ninguna persona se le puede considerar culpable
o responsable de un delito, si no cuenta con sentencia firme en su contra; pero
los peruanos tenemos derecho a que se conozca el curriculum completo de los
futuros congresistas antes de su elección.
Los congresistas
elegidos para el período 2011-2016, están protegidos por la inmunidad
parlamentaria, el derecho al antejuicio y un procedimiento especial en caso un
juez inicie un proceso o dicte un mandato de detención contra un
congresista. Sin embargo, consideramos pertinente que, en caso el congresista
tenga un proceso penal por un hecho anterior a su mandato, inmediatamente y de
manera formal, renuncie a sus privilegios y se someta al veredicto del órgano
jurisdiccional. En caso sea encontrado responsable penalmente, acatar la
sentencia y de ser el caso, apartarse del parlamento; quedando como tarea de
este Congreso, efectuar las modificaciones constitucionales que no permitan que
los electores votemos a ciegas por candidatos con oscuro pasado.
